Es difícil escapar a la idea de que, como ella misma afirma, el intento por detener a Purificación Carpinteyro, la ex subsecretaria de Comunicaciones, por una supuesta revelación de secretos, tiene un propósito más político que de justicia.

No he visto pruebas que inculpen de manera convincente a Carpinteyro de haber grabado o difundido las conversaciones telefónicas que llevaron a la renuncia de Luis Téllez como secretario de Comunicaciones el 3 de marzo de 2009. Hay en cambio una declaración pública de Ramón Alberto Garza, cuyo Reporte Índigo reveló ocho de las 10 conversaciones interceptadas, en que señala que, aunque no puede revelar sus fuentes, sí puede decir que Carpinteyro no le dio las grabaciones.

Los medios electrónicos están llenos de un nuevo anuncio del gobierno federal que, a ritmo de rap, pretende convencernos de ahorrar agua. A lo largo de décadas hemos sido sometidos a muchas campañas de este tipo, como aquellas de "No la riegues" o "Aguas con el agua". Todas tienen en común que han fracasado en lograr un descenso en el consumo de agua.

Cualquier economista medianamente preparado podría explicar las razones. Los seres humanos no ahorramos porque el gobierno lo pida. Lo hacemos en cambio si el precio nos motiva para ello. Por ello, si realmente queremos disminuir el consumo del agua o de cualquier otro producto, lo que debemos hacer es subir el precio.

Un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pasado 3 de febrero, al cual se ha prestado poca o nula atención, busca convertir al IFE en un censor ya no sólo de los medios electrónicos sino también de los escritos.

Como parte de la reforma electoral de 2007, los legisladores introdujeron una modificación al artículo sexto de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, con la frase: "el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley". El Congreso tenía obligación de reglamentar este "derecho de réplica" a más tardar el 30 de abril de 2008, pero no lo hizo.

A nadie sorprendió que hubiera surgido una nueva familia del padre Marcial Maciel, el fundador de la Legión de Cristo. Los propios legionarios, que en un tiempo defendían decididamente a su fundador, hoy prefieren guardar silencio. Lo que indignó de la entrevista que una de las familias del padre Marcial Maciel concedió a Carmen Aristegui este miércoles 3 de marzo fueron las declaraciones de los presuntos hijos de que el padre los violó y en otras formas abusó de ellos.

Ayer la Legión de Cristo dio a conocer una carta del padre Carlos Skertchly, actualmente en funciones de procurador general de la congregación en Roma, que señala que Raúl González Lara, uno de los hijos de Maciel, pidió 26 millones de dólares a cambio de no dar a conocer la información. Según la carta, González Lara argumentó que 6 millones de dólares se los había prometido el propio Maciel. Los otros 20 millones serían en pago por el daño causado a la familia por el religioso. La Legión se negó a pagar este chantaje, lo cual al parecer llevó a la decisión de hacer públicas las acusaciones.

A partir de hoy será posible que las personas del mismo sexo contraigan matrimonio en el Distrito Federal. Es un tema controvertido y en buena medida impopular. Cada vez que lo toco recibo cuestionamientos que se vuelven insultantes, cosa que en general no ocurre con otros asuntos.

Los gobiernos panistas han hecho todo lo que han podido para invalidar la ley que permitirá estos matrimonios. El federal interpuso, a través de la Procuraduría General de la República, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia argumentando que la Constitución define el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Seis estados gobernados por el PAN promovieron también controversias con el razonamiento de que estos matrimonios afectaban sus prerrogativas ya que estarían obligados a reconocer como válidas uniones que en sus propias entidades no se permiten.

Es contundente el informe preliminar sobre el incendio de la guardería ABC de Hermosillo del 5 de junio de 2009 presentado por los magistrados investigadores, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, al pleno de la Suprema Corte de Justicia. No sólo considera como presuntos responsables de graves violaciones a las garantías individuales de las víctimas a Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, y a Juan Molinar Horcasitas, ex director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hoy secretario de Comunicaciones y Transportes, además de a otros 17 funcionarios y ex funcionarios, sino que cuestiona la legalidad del sistema de subrogación de guarderías que la institución ha utilizado por décadas.

El informe señala las negligencias en la operación de un almacén de la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, en el que se inició la conflagración, así como en las inspecciones de seguridad que el IMSS y las autoridades de la ciudad de Hermosillo debieron haber llevado a cabo en la guardería. Pero no me queda claro que la responsabilidad deba subir hasta el gobernador y el director general del IMSS. De hecho, si éstos dos son responsables por la falta de supervisión en materia de protección civil en unos locales de los miles que estaban a su cargo, ¿por qué no ir más allá? ¿No sería también responsable el presidente de la República por no asegurar que se llevaran a cabo las inspecciones adecuadas en una guardería subrogada por una institución del Estado mexicano?