Sergio Sarmiento

Jaque Mate

octubre, 2010

            En su intento por detener las actividades de los criminales, el gobierno de la república sigue tomando medidas que afectan a los ciudadanos respetuosos de la ley. Una de las últimas acciones en este sentido es la limitación del uso o depósito del dólar, la cual tendrá un efecto particularmente negativo en la frontera norte del país.

            Las restricciones impiden el depósito en los bancos de dólares en efectivo en cantidades superiores a los 4,000 dólares al mes por personas físicas y 7,000 por empresas. Esto limita severamente la posibilidad de que supermercados, tiendas, farmacias, hoteles u otros establecimientos comerciales puedan recibir de sus clientes pagos en efectivo en dólares.

Hasta ahora ha sido muy común que las personas que viven en la frontera utilicen dólares para sus transacciones. La nueva medida obliga a que paguen en pesos o con tarjeta de crédito. El temor es que muchos consumidores prefieran hacer sus compras en Estados Unidos en vez de en México y esto le aseste un golpe adicional a la economía de ciudades como Tijuana y Juárez.

            Las autoridades financieras han buscado suavizar el golpe al dar a muchas tiendas la categoría de corresponsales bancarios. Esto les permitirá recibir pagos en efectivo de hasta 100 dólares por cliente. Una simple ida al súper, sin embargo, usualmente implica un gasto superior a ese tope.

            Esta restricción es un intento por reducir el lavado de dinero en nuestro país. La idea es impedir transacciones como, por ejemplo, la compra de automóviles o de casas en dólares en efectivo. Una consecuencia inevitable, sin embargo, será restringir las transacciones comerciales en la frontera. Esto tendrá un costo adicional para una sociedad agobiada por la violencia y por la crisis económica.

            Ni el narcotráfico ni el lavado de dinero desaparecerán por este sacrificio. A lo mucho el dinero será lavado en Estados Unidos, donde siempre ha habido mayores operaciones de este tipo. Pero incluso en México lo más probable es que los criminales encuentren formas de mover su dinero.

            Como siempre serán los ciudadanos comunes y corrientes, los respetuosos de la ley, los que terminen pagando el costo de la medida.