Revista Costco

Jaque Mate

Sergio Sarmiento

Julio 2011

            Todos los políticos exigen reducir la informalidad en la economía. Sin embargo, las actividades fuera de la ley siguen creciendo. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de los distintos órdenes de gobierno fomentan la informalidad.

            No hay medidas precisas sobre la dimensión de la economía informal en nuestro país. Sabemos, sin embargo, que una cosa es la informalidad en la producción o ventas y otra distinta la de la fuerza de trabajo. Según las encuestas de empleo del INEGI, el 28.5 por ciento de la población económicamente activa de México trabajaba en la informalidad en el primer trimestre de 2011.

            Algunos esfuerzos tienden a aumentar la formalidad en la economía nacional. La banca, por ejemplo, ha impulsado fuertemente la bancarización, de suerte que el país cuenta ya con más de 70 millones de tarjetas de débito. Las transacciones electrónicas, al quedar registradas, promueven la actividad formal. El gobierno también ha restringido el depósito en bancos de dinero en efectivo y el pago de productos y servicios con dólares en efectivo. Pero al parecer esto no ha impedido que siga creciendo la economía informal.

            El problema es que otras políticas gubernamentales impulsan la informalidad. La más importante surge de los altos impuestos y cargas sociales que se cobran por la creación de empleos, los cuales no se ven reflejados en servicios de calidad por parte del Estado. Ante el costo de crear empleos, las empresas pequeñas prefieren mantener a los trabajadores en la informalidad.

            Otras políticas son como la Norma 29 del gobierno del Distrito Federal que prohíbe el establecimiento de supermercados o tiendas de conveniencia, propiedad de empresas formales, en buena parte del territorio de la ciudad de México. La medida busca proteger a los mercados públicos que cobran precios más altos y que trabajan en buena medida en la economía informal.

            La economía se mueve por incentivos y no por declaraciones de políticos. De nada sirve que los gobernantes expresen su intención de acabar con la informalidad si impulsan políticas que la fomentan. Mejor sería que dejaran de hacer declaraciones y tomaran medidas que promover la creación de empleos formales con todas las prestaciones de ley.