Por Sergio Sarmiento

Diciembre, 2009

            Desde niños nos enseñaron a los mexicanos que la forma de preservar la soberanía nacional era tener muchas empresas propiedad del gobierno. La nacionalización de la industria petrolera de 1938 nos ha sido presentada en los libros de texto oficiales como un gran triunfo para la nación, sin considerar nunca los matices del momento ni los problemas generados por la acción. Lázaro Cárdenas es considerado en las encuestas como el mejor presidente de la historia debido a la forma en que se ha presentado esa medida.

Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960, lo cual le ha permitido también ser visto de manera positiva por la izquierda, a pesar de que como presidente reprimió el movimiento ferrocarrilero de 1959 y detuvo a sus líderes. José López Portillo trató de seguir el mismo camino en 1982 cuando nacionalizó la banca en medio de una crisis financiera, aunque en este caso hubo ya mayores dudas al respecto de esta supuesta solución mágica. De hecho, lejos de quedar en la historia como un héroe, López Portillo aparece hoy como un presidente que dilapidó los recursos de la primera bonanza petrolera. Apenas una década después, Carlos Salinas de Gortari reprivatizó la banca.

            El adoctrinamiento de tanto tiempo, sin embargo, ha dejado huellas en la psique de los mexicanos. El término “privatización” se ha convertido en una palabra obscena en el vocabulario político nacional. La oposición de izquierda cuestiona casi cualquier acción del gobierno con el argumento de que se trata de una privatización o un paso hacia la privatización. Lo curioso es que, en algunos casos, quienes se oponen a estas supuestas privatizaciones son los mismos que defienden el uso privado de las calles y las aceras.

            La decisión del gobierno federal el 11 de octubre de liquidar Luz y Fuerza del Centro, la empresa que tenía el monopolio del servicio de electricidad en los estados de Morelos, México, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal, es sintomática. Debió ser aplaudida por la izquierda, ya que ponía fin a una empresa que se había convertido en una sangría para el gobierno y para el pueblo de México. Pero bastó con que el líder del sindicato, Martín Esparza, dijera que la medida era un primer paso para la privatización, para que esta izquierda se uniera ciegamente en defensa de una empresa cuyo subsidio, 42 mil millones de pesos tan solo en 2009, era el doble del presupuesto de Oportunidades o de la UNAM.

            La verdad es que el servicio de transmisión y distribución de electricidad no puede ser legalmente entregado a una empresa privada porque lo prohíbe expresamente la Constitución. La generación de electricidad por empresas privadas también está prohibida, aunque el gobierno encontró en los años noventa la forma de darle la vuelta a esta disposición con una nueva Ley de Energía Eléctrica. Sin embargo, cuando años después se emitió un reglamento para esta ley, la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. Los ministros hicieron entonces un comentario inusitado en el sentido de que, si se les hubiera preguntado en tiempo y forma sobre la constitucionalidad de la propia ley, seguramente habrían fallado también en contra.

            La experiencia nos dice que puede haber buenas y malas empresas públicas. Los indicadores de eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, de hecho, han sido siempre muy superiores a los de Luz y Fuerza del Centro. La Comisión tiene un patrimonio ligeramente positivo, mientras que los pasivos de Luz y Fuerza son 15 veces superiores a su patrimonio. En otras palabras, y pese a ser ambas empresas estatales y monopólicas, CFE es viable y hasta rentable, en tanto que Luz y Fuerza simplemente está quebrada. Cuando los líderes políticos hablaban de que se planeaba una privatización de Luz y Fuerza, quizá no se daban cuenta de que nadie compraría una empresa con un patrimonio tan negativo.

            A nivel internacional hay en el campo de la energía una mezcla de empresas privadas y públicas. Todas las petroleras de Estados Unidos son privadas, por ejemplo, pero hay firmas de electricidad públicas que conviven con las privadas. En Europa las compañías de electricidad y de petróleo eran tradicionalmente públicas, pero en los últimos años la mayoría han sido privatizadas total o parcialmente. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en España. Electricité de France ha sido uno de los ejemplos más notables de una empresa pública de electricidad de gran eficiencia, aunque por presión de la Unión Europa ha empezado ahora un proceso de privatización.

            Petrobras es quizá el mejor ejemplo en América Latina de una petrolera estatal pero abierta a la inversión privada. El control lo tiene el gobierno brasileño, pero el 70 por ciento de las acciones están en bolsa, ya sea en Brasil o en mercados internacionales. La empresa tiene, por otra parte, coinversiones con firmas privadas no sólo en Brasil sino en muchos países. De esta manera los beneficios para los brasileños, los verdaderos dueños de la empresa, se multiplican.

            Teléfonos de México es ejemplo de una empresa que se volvió más eficiente y productiva a raíz de su privatización en 1991. Cuando era un monopolio gubernamental parecía estar en el negocio de negar el servicio telefónico, para el cual había una larga lista de espera que era aprovechada por empleados sin escrúpulos que “facilitaban” las conexiones, como ocurrió también en los últimos años con Luz y Fuerza del Centro.

A raíz de la privatización, y después de un ambicioso programa de inversiones, Telmex empezó a estar realmente en el negocio de proporcionar servicio telefónico. La empresa perdió mercado con la apertura de la larga distancia a nuevos rivales, casi todos internacionales, pero después fue recuperando terreno gracias a un aumento en su competitividad. Más tarde entró a través de Telcel a un mercado, el de telefonía móvil, en que un rival, Iusacell, había tenido un monopolio durante años. Pero en poco tiempo logró superarlo, especialmente por la introducción de nuevos e innovadores planes comerciales como el de prepago o el “plan Gilette” que subsidiaba la entrega de aparatos a cambio de la firma de un contrato de servicio.

            Mi opinión personal es que los mexicanos deberíamos dejar atrás el dogma del nacionalismo monopólico. México no se beneficia de tener solamente empresas gubernamentales en ramos estratégicos de la economía, como el energético. Lo ideal sería abrir el mercado de la electricidad a la inversión privada.

            Sin embargo, no podemos ni debemos violar la Constitución. Tenemos que lograr un mejor servicio de electricidad con las actuales empresas estatales. Electricité de France, Statoil de Noruega y Petrobras de Brasil son ejemplo de que esto es posible. Si los mexicanos estamos condenados a tener monopolios gubernamentales, deberíamos cuando menos forzarlos a ser mejores.