Por Sergio Sarmiento

Contenido

Enero 2010

            El presupuesto de gastos de un gobierno puede ser un instrumento muy importante para orientar el desarrollo de un país o para lograr una mayor equidad social. Pero también puede convertirse en un simple desperdicio de recursos que, al malgastarse, debilitan al país.

            Mucho han subrayado los políticos mexicanos a lo largo de los años que el gobierno federal recauda y gasta poco, por lo menos en comparación con el tamaño de nuesta economía. Atribuyen a la falta de un mayor gasto gubernamental la persistencia de la pobreza y la mala distribución del ingreso en nuestro país.

            Las estadísticas disponibles, sin embargo, no nos dicen eso. El gobierno mexicano, para empezar, ha venido aumentando su gasto de manera muy importante en los últimos años. En el 2005 el gasto neto del sector público se encontraba en 2 billones 590 mil millones de pesos. En 2009, descontando la inflación, alcanzó una cifra de 3 billones 191 mil millones de pesos. El aumento real es de 23.2 por ciento. Si comparamos estas cifras con el tamaño total de nuestra economía encontraremos que el gasto neto del sector público presupuestario pasó de 21.4 a 25.7 por ciento del PIB entre 2005 y 2009.

            Este período de aumento del gasto gubernamental, sin embargo, no coincidió con una disminución de la pobreza, como habrían supuesto los teóricos del gobierno mexicano. Entre 2006 y 2008 la pobreza general de nuestro país aumentó de 42.6 a 47.4 por ciento de la población. La pobreza extrema o miseria, lo que ahora nuestros burócratas llaman “pobreza alimentaria” y que no es otra cosa que la pobreza de quien no logra dar a sus hijos ni siquiera los alimentos más indispensables, pasó de 13.8 a 18.2 por ciento. Un período de fuerte incremento de gasto gubernamental ha coincidido con un alza muy importante de los dos principales indicadores de la pobreza.

            Si examinamos las experiencias internacionales nos daremos cuenta de que no siempre hay una correlación entre el aumento del gasto gubernamental y la disminución de la pobreza o la mejoría en la distribución del ingreso. Más bien, parece haber gobiernos que gastan bien y otros que lo hacen mal. Y el mexicano se encuentra claramente en este último grupo.

            En la OCDE, el club de las naciones ricas, Corea del sur es un ejemplo de país con un gasto gubernamental pequeño: sólo el 27.3 por ciento del producto interno bruto. Irlanda alcanza un 34.2 por ciento en tanto que Estados Unidos llega a 36.7 por ciento. En Japón la cifra es de 36.9 por ciento y en Canadá de 39.9 por ciento. En contraste, Italia tiene un gasto pùblico de 48.1 por ciento del PIB, Francia de 52.9 por ciento y Suecia de 54.4 por ciento.

            Lo soprendente es que Corea del sur, con su gasto público muy bajo, tiene un índice de desigualdad de apenas 0.312 en el índice de Gini. Japón es más desigual con 0.321 e Italia todavía más con 0.352. México tiene el índice de desigualdad más elevado de la OCDE, con 0.474. Pero cuidado. El gobierno de Brasil gasta alrededor del 35 por ciento del producto interno bruto de su país, pero su índice de desigualdad, de 0.570, es muy superior al mexicano.

            El creciente gasto gubernamental en México no ha generado mayor crecimiento económico ni ha combatido la pobreza. Tampoco ha producido una mejor distribución del ingreso. La razón es que el dinero se ha desperdiciado en un creciente gasto corriente y en una rapaz burocracia. Entre 1992 y el 2008 el gasto corriente del gobierno federal mexicano pasó de 12.6 a 16.8 por ciento del PIB. Algunos políticos afirman que esto genera cuando menos un mayor número de empleos; pero debido a que para obtener dinero el gobierno primero tiene que quitárselo a las personas fìsicas y a las empresas privadas, las cuales generan empleos a un costo menor, el resultado ha sido una pérdida neta de puestos de trabajo.

            El gobierno mexicano ha corrido con suerte en los últimos años. Los altos precios del petróleo han llevado cientos de miles de millones de dólares a las arcas gubernamentales. Una política financiera sensata, por otra parte, ha reducido el costo financiero del gobierno federal. En 1987, por ejemplo, el gobierno tuvo que dedicar un monto equivalente a 17.2 por ciento del PIB al servicio de la deuda pública presupuestaria; para el 2009 esta cifra se había reducido a apenas 2.4 por ciento del PIB.

Pero en lugar de aprovechar estos ahorros y los ingresos excepcionales del petróleo para hacer inversiones que fomentaran el desarrollo económico, o por lo menos para financiar programas sociales que disminuyeran la pobreza, el gobierno simplemente desperdició estos recursos. La tasa de crecimiento económico ha promediado menos de 2 por ciento al año. La pobreza, después de reducirse de 1996 a 2006, tuvo un fuerte aumento en los dos primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón. La desigualdad se ha mantenido en niveles inaceptablemente altos.

            Para este 2010 el gobierno y el Congreso se han coaligado para aumentar la recaudación. A pesar de que el presidente Calderón hizo campaña en el 2006 con la promesa de reducir los impuestos, particularmente el de la renta, desde los Pinos los ha incrementado ya en dos ocasiones: en 2007 y en 2009.

            Quizá en otro país, y en otras circunstancias, esta decisión de subir los impuestos para mantener el gasto público habría sido bien recibida. No han faltado políticos que afirmen que así se abren las puertas a un período de mayor prosperidad y a una distribución más equitativa del ingreso. México, al subir los impuestos, està dando el primer paso para convertirse en una Suecia.

            Pero las cosas no serán asi para nuestro país. Mientras el gobierno siga desperdiciando el dinero en gasto corriente y burocracia, mientras siga desperdiciando miles de millones de pesos en subsidios a los ricos y a los políticos, México seguirá siendo un país en que el gobierno gasta mucho sin generar prosperidad o igualdad.