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Sergio Sarmiento

Jaque Mate

Julio 2010

            El 5 de junio de 2009 ocurrió en una guardería en Hermosillo una tragedia que pudo haber sucedido en casi cualquier lugar de nuestro país. Un incendio que comenzó en una bodega de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Sonora, y que fue producido por un corto circuito en un enfriador, se extendió con rapidez a la guardería ABC que se encontraba exactamente al lado, la cual proporcionaba servicios bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Cuarenta y nueve niños murieron a consecuencia del feroz incendio que se desató. Otros más sufrieron graves quemaduras. El incendio hizo que el PRI perdiera la elección que se llevó a cabo poco después en Sonora y que el mismo sistema de subrogación de guarderías en el IMSS se viera cuestionado.

Mientras se llevan a cabo juicios contra una serie de presuntos responsables por homicidio culposo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a dos magistrados la realización de un informe para definir si se cometieron violaciones graves a las garantías individuales. El informe asigna culpas de todo tipo a los dueños, funcionarios de los gobiernos de Hermosillo y de Sonora, y a funcionarios y directivos del IMSS. Los magistrados que lo redactaron cuestionan también la práctica del Seguro Social de subrograr el servicio de guardería a empresas privadas.

            La verdad, sin embargo, es que el accidente pudo haber ocurrido en casi cualquier instalación pública o privada en casi cualquier lugar de la república. México, simplemente, no ha tenido nunca una cultura de la seguridad. La larga lista de las faltas cometidas en la guardería ABC se replica a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Lo peor de todo es que los reglamentos de seguridad que tenemos son bastante aceptables. El problema es que, como en tantas otras cosas en nuestro país, las reglas simplemente no se respetan.

            Hoy sabemos que la guardería ABC no cumplía con las normas de seguridad que establecen los reglamentos de la ciudad de Hermosillo o del propio IMSS, pero en las inspecciones se había aprobado su funcionamiento, incluso con menciones meritorias. Hoy estamos conscientes también de que los reglamentos no permitían el funcionamiento de una bodega junto a la guardería y que esa bodega no cumplía con ninguno de los requisitos de seguridad que debió haber tenido, pero como era propiedad de la Secretaría de Finanzas nadie se atrevió a cuestionarla.

            Basta revisar la forma en que operan las escuelas, mercados, puestos comerciales ambulantes, restaurantes, bares, discotecas y juzgados en nuestro país, para no seguir acumulando nombres de establecimientos, como para entender que lo ocurrido en Hermosillo no tiene nada de extraordinario. En México hay cientos de casi tragedias, producidas por la falta de respeto a las más elementales reglas de seguridad, que sólo la suerte o una reacción oportuna evitan. Lo que asombra no es la muerte de tantos infantes en la guardería ABC, sino que estas tragedias no se multipliquen más por todo el país. La tragedia de Hermosillo provocó muchas acusaciones y lamentos, pero poco esfuerzo porque realmente se cumplan las normas.

            En el tema de la subrogación, los cuestionamientos de los magistrados y de algunos activistas políticos se convierten en una amenaza abierta a uno de los servicios más importantes del Seguro Social. La demanda por servicios de guardería ha sido enorme en los últimos años conforme las mujeres se incorporan al mundo laboral. El IMSS no habría podido nunca satisfacer ni siquiera una parte pequeña de esta exigencia de no ser por el esquema de subrogación. La institución cuenta solamente con 142 guarderías propias mientras que las subrogadas a empresas privadas se elevan a más de 1,500. Éstas proporcionan servicios a más de 228 mil niños en el país.

            La expansión del servicio de subrogación ha sido una consecuencia inevitable de la ineficiencia que el sistema sindical ha impuesto al IMSS. Las guarderías subrogadas le cuestan a la institución 2,500 pesos mensuales. Las que maneja directamente el Instituto tienen un costo que oscila entre los 6,000 y los 8,000 pesos por niño. Esto es consecuencia de las prestaciones y limitaciones que el contrato colectivo sindical impone al Seguro Social.

            Si la Suprema Corte de Justicia determina que la subrogación de servicios no es legal, los 228 mil niños que actualmente obtienen ese beneficio tendrían que quedarse en casa lo cual impediría a sus madres trabajar. Estaríamos hablando de una verdadera tragedia social ya que muchas de esas madres son el único sustento que tiene la familia. El IMSS, por otra parte, no podría proporcionar dicho servicio directamente, en primer lugar porque le costaría años o décadas de inversiones construir una infraestructura siquiera similar a la que hoy proporcionan las subrogadas pero además porque se vería obligado a aumentar las cuotas, lo cual ya parece imposible en un momento en que éstas se consideran sumamente altas para los servicios que realmente proporciona la institución.

            Lo peor de todo es que el problema de la subrogación no se limita al Seguro Social. La Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, cuenta con más de 8 mil guarderías subrogadas que operan en condiciones más precarias que las del IMSS, en muchos casos en simples casas improvisadas. Las guarderías subrogadas de Sedesol proporcionan servicios de guardería a más de 220 mil infantes. Si se determina que el esquema de subrogación es ilegal, también estos pequeños se quedarían sin guarderías y sus madres sin trabajo.

            La sociedad mexicana no se puede dar el lujo de cerrar los ojos a la tragedia de la guardería ABC. Pero es importante que derivemos las lecciones correctas y que no nos dejemos simplemente manipular por quienes quieren aprovechar la muerte de estos niños para promover su agenda política. La primera lección es que necesitamos una nueva cultura de la seguridad, no que modifique los reglamentos que ya tenemos sino que obligue a que realmente se apliquen. La segunda es que se mantenga el esquema de subrogación, pero con inspecciones que realmente verifiquen que las condiciones en que operan estas instituciones sean las adecuadas.

            Quizá el problema es que un tema como éste se politiza de manera inevitable en un país como el nuestro. De una manera perversa lo que buscan algunos grupos es aprovechar la muerte de 49 niños de la guardería ABC para promover sus ideologías o para atacar a quienes consideran sus enemigos políticos.