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Jaque Mate

Sergio Sarmiento

Enero 2011

            El gobierno de la república y el Congreso de la Unión se han unido para aprobar el mayor presupuesto de gasto público en la historia del país para el 2011. Mientras lo hacen, se acumula información sobre los dispendios de los distintos órdenes de gobierno. También se da a conocer información que señala que el número de familias mexicanas que padecen hambre, no simplemente pobreza, se ha duplicado en los últimos años.

            La Cámara de Diputados aprobó en noviembre un presupuesto de egresos por 3 billones 439 mil millones de pesos. Cuando los montos son tan grandes se pierde la perspectiva de lo que significan. El gasto aprobado por los legisladores alcanzaría para entregar 31 mil pesos a cada hombre, mujer y niño de nuestro país. Si se repartiera sólo entre los pobres, acabaría de un golpe con la pobreza. Equivale a 275 mil millones de dólares. Es un 24 por ciento de todos los productos y servicios que genera la economía mexicana en un año.

            Si bien Felipe Calderón llegó a la Presidencia postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), una organización que tradicionalmente ha promovido la austeridad gubernamental, su gestión ha sido marcada por un notable incremento del gasto público. En 2006, el último año de gobierno de Vicente Fox, los egresos del gobierno federal sumaron 2,527 millones de pesos (en pesos ajustados a valor de 2011). El aumento entre el 2006 y el 2011 será así de un 36 por ciento real (esto es, descontada la inflación). Como la economía mexicana no ha crecido a este ritmo, la tajada del gasto público del producto interno bruto ha subido de 21 a 24 por ciento del producto interno bruto.

            Si el gasto público pudiera realmente generar prosperidad, los mexicanos deberíamos estar celebrando. Pero no es así. Por el contrario, lo que hace el gobierno es quitar dinero a los sectores productivos para entregarlo a grupos de poder o a burocracias que lo utilizan para propósitos particulares o para objetivos loables con procedimientos ineficientes.

            Gracias a que hoy en día tenemos medios informativos e instituciones académicas más independientes, así como políticos de oposición más combativos, nos enteramos cada vez de mayores abusos en el gasto público. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha otorgado cientos de contratos de adquisición directa, sin licitación, para pagar sobreprecios enormes por distintos productos. Muchos de ellos, como pantallas planas de televisión de LCD, difícilmente pueden considerarse instrumentos necesarios para el trabajo de los legisladores. Sesenta y seis de estas pantallas fueron adquiridas este año con sobreprecios de por lo menos 65 por ciento sobre el costo al menudeo.

            Una serie de cuadernos de debate del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela un patrón de dispendio del gobierno federal y de los institutos autónomos de la administración pública. Estos trabajos, disponibles en la página de internet del CIDE, evidencian dispendios en el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las procuradurías estatales, los gobiernos municipales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro de los cuadernos nos revela las incongruencias del manejo gubernamental de los recursos provenientes de la explotación de un recurso natural no renovable como son los hidrocarburos.

            En algunos sectores hemos visto incrementos notables en el gasto en los últimos años, pero sin que esto haya generado resultados positivos. Uno de los rubros que mayor crecimiento ha tenido, por arriba del 250 por ciento en términos reales sólo en el actual sexenio, ha sido el de la seguridad pública. Sin embargo, este aumento del gasto ha coincidido con un alza brutal de la violencia vinculada al crimen organizado.

            La educación es el campo de actividad en el que más gasta el gobierno federal. Sin embargo, nuestros niños y jóvenes no están recibiendo una instrucción de calidad. Hay entidades en el país, como Oaxaca, que hace un cuarto de siglo no han tenido un ciclo lectivo completo debido a que el sindicato suspende actividades constantemente para organizar movilizaciones con las que promueven proyectos políticos o exigen cantidades adicionales de dinero al gobierno. Si bien éste es el mayor rubro del gasto público, ni siquiera sabemos a quién le estamos dando el dinero. La organización Mexicanos Primero exigió a la Secretaría de Educación Pública hace meses que diera a conocer el padrón completo de los maestros del país. La SEP ha señalado que no tiene ese padrón, a pesar de que está gastando cientos de miles de millones de pesos al año en sueldos de maestros. Espera poder tener uno listo en el 2011. Un grupo muy importante de maestros, por otra parte, está comisionado en el sindicato de maestros. Esto quiere decir que reciben un sueldo de los contribuyentes pero que no dan clases. Hacen labores políticas o de organización en el sindicato o simplemente reciben un ingreso sin trabajar. Pero no sabemos cuántos son.

            El Senado se gasta mientras tanto más de 2 mil millones de pesos en un nuevo edificio a todo lujo en pleno Paseo de la Reforma, la avenida más cara del país. El proyecto, que debía haberse terminado para los festejos del bicentenario, se está concluyendo tarde y con un costo superior al presupuestado originalmente. Además multiplicará el número de plantones y manifestaciones en el Paseo de la Reforma, lo cual tendrá un costo económico adicional enorme.

            El 2010 ha sido pródigo en ejemplos de cómo el gobierno gasta dinero en nuestro país. Las fiestas del bicentenario han mostrado un derroche tras otro. Quizá el dispendio más emblemático ha sido la Estela de Luz, un monumento que tendría que haber sido concluido el 16 de septiembre pero que no lo estará por lo menos hasta el 2011. En este monumento inconcluso así como en desfiles, proyecciones de luz y sonido y monos, como el llamado Coloso, el gobierno federal se gastó más de 3 mil millones de pesos en este 2010. La Conade de Bernardo de la Garza usó otros 60 a 100 millones de pesos para poner una pileta de clavados y una pista de carreras durante sólo un fin de semana en el Paseo de la Reforma.

            Con este tipo de dispendios el gobierno está llegando al 2011 con su mayor gasto en la historia. No sorprende que los propósitos fundamentales del gasto público, que debiera ser proporcionar seguridad, promover prosperidad y combatir la pobreza, simplemente no se estén cumpliendo. Un estudio dado a conocer a fines de noviembre por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señalaba que el número de familias que padecen hambre en el país pasó de 8 a 17 por ciento entre 2008 y 2009. Quizá a ellas les habría servido que tuviéramos un gasto público más honesto, más justo y más eficiente.