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Jaque Mate

Sergio Sarmiento

Mayo 2011

            Parece que la primera reacción de un político cuando se enfrenta con una conducta que no le gusta es tratar de prohibirla. En muchos casos, sin embargo, la prohibición agrava la situación que pretende corregir.

            Hago esta reflexión en un momento en que la Cámara de Diputados acaba de aprobar una nueva serie de leyes que busca fortalecer las sanciones en contra de la “trata de personas”. Una de las nuevas disposiciones pretende castigar a quienes contraten o difundan anuncios de servicios sexuales. Un editor de un periódico o el administrador de una página de internet podrán ser encarcelados durante años por “trata de personas” no por haber vendido o comprado a alguien sino por no haberse percatado de que alguien que colocó un anuncio en su medio tenía la intención de ofrecer los servicios de prostitución de alguien más.

            La experiencia nos debería haber enseñado desde hace mucho tiempo que los gobiernos no tienen éxito cuando tratan de proscribir conductas personales. Los intentos por prohibir la prostitución han sido muy numerosos y datan de la más remota antigüedad. Una cosa, sin embargo, tienen en común: no han logrado impedir la prostitución; simplemente la han empujado al mercado negro.

            En México la prostitución no está prohibida pero el lenocinio sí. La nueva legislación no cambia en lo fundamental esta diferencia, pero establece toda una serie de medidas que en la práctica convierten a la prostitución en una actividad ilegal. Una de las disposiciones de las nuevas leyes es la que sanciona con largas penas de cárcel a quien contrate o difunda anuncios de servicios sexuales. La nueva legislación establece, además, medidas para supervisar los anuncios y ejercer una censura contra de los editores de publicaciones o responsables de medios que violen esta disposición.

            Nadie puede cuestionar que se sancione a quienes obligan a adultos o menores a realizar conductas de cualquier tipo en contra de su voluntad. México siempre ha tenido disposiciones que lo prohíben. Vale la pena recordar que nuestra Constitución fue una de las primeras del mundo en prohibir la esclavitud.

            Pero una cosa es impedir que una persona obligue a otra a realizar conductas con las que no está de acuerdo y otra muy distinta que se pretenda impedir que las personas tomen decisiones que sólo afectan a su propio cuerpo. Esto es lo que pretenden algunas de las nuevas disposiciones impulsadas por nuestros políticos.

            Muchos países del mundo han prohibido la prostitución. No conozco ninguno, sin embargo, en que la prostitución haya resultado realmente en la erradicación de esta práctica. Lo único que logran estas prohibiciones es llevar la conducta a un mercado ilegal en el que la protección de la policía o de los políticos se vuelve indispensable.

            No es la prostitución la única actividad que nos muestra esta situación. Cuando el gobierno de los Estados Unidos prohibió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la década de 1920 el resultado no fue que la gente dejara de beber sino que se creara un gigantesco mercado negro de bebidas alcohólicas. Este permitió el desarrollo de bandas criminales, como la de Al Capone en Chicago, que pronto pasaron del contrabando y distribución de bebidas alcohólicas a la extorsión, el homicidio y otros actos de violencia. La situación se volvió tan negativa que el gobierno del presidente Franklin Roosevelt legalizó las bebidas alcohólicas con una enmienda constitucional a partir de 1933.

            El mismo fenómeno de la prohibición de bebidas alcohólicas se ha repetido con la proscripción del consumo y la distribución de drogas. El consumo no sólo no ha desaparecido sino que se ha fortalecido al paso de los años. Con este proceso, mientras tanto, han surgido bandas criminales que en un principio se dedicaban nada más al altamente lucrativo negocio de las drogas pero que con el tiempo han ampliado su operación a otras actividades criminales. Estos grupos criminales han provocado una oleada de violencia en México que ha llevado a que el número de homicidios violentos en nuestro país rebase las cifras que se registran, por ejemplo, en Afganistán, un país en guerra.

            Inquieta que ahora las autoridades mexicanas estén empeñadas en lastrar al país con una prohibición más: la de la prostitución. La historia nos demuestra que los esfuerzos por erradicar esta conducta, que algunos consideran la profesión más antigua de la humanidad, están condenados al fracaso. Lo que sí podremos ver es el surgimiento de un mercado negro más extenso y corrupto que por su propia naturaleza alcanzará a los funcionarios y policías que los tratantes de personas necesitarán para mantener su negocio.

            Inquieta en particular que los políticos quieran castigar con cárcel prolongada no a los tratantes sino a los editores de publicaciones que publiquen anuncios de prostitución. Es ya costumbre en nuestro país que las policías, temerosas siempre de enfrentarse a los verdaderos criminales, prefieran perseguir a ciudadanos inocentes que no hacen más que realizar su trabajo.

            La función del editor de una publicación o de una página de internet es generar información y distribuirla entre el público de la forma más amplia que pueda. Para lograrlo de manera rentable necesita generar publicidad. Un editor no puede convertirse en un policía que investigue qué hay detrás de cada anuncio que publica. Es injusto que se le prive de la libertad por no hacer el trabajo que en todo caso debería corresponder a las autoridades.

            Estos resultados contraproducentes, sin embargo, se vuelven inevitables cada vez que los gobiernos abandonan sus responsabilidades fundamentales, entre ellas la de garantizar la seguridad de los ciudadanos, para dedicarse a combatir crímenes sin víctima. No tiene sentido que el gobierno dedique esfuerzos a impedir que las personas consuman productos como el alcohol, el café, el azúcar, la marihuana o los servicios sexuales que, si acaso, sólo a ellas les hacen daño. Es injusto que se encarcele a editores de periódicos por anunciarlos en lugar de usar la fuerza del Estado para atacar a quienes realmente agreden a la sociedad.

            El gobierno tiene una responsabilidad de perseguir y castigar a quienes priven a otras personas de su libertad y las obliguen a realizar conductas que éstas no quieren llevar a cabo. Pero tratar de prohibir la prostitución, o perseguir a los editores que publiquen anuncios de servicios sexuales, es una decisión insensata que terminará por causar más daño del bien que pretende lograr. Hoy más que nunca los ciudadanos debemos decirles a nuestros políticos que en este país debe estar prohibido prohibir.