ONEXPO

Sergio Sarmiento

Jaque Mate

enero / febrero 2009

            Para la gente común y corriente es difícil entender las crisis con cifras abstractas de desempeño económico. Ni el producto interno bruto ni el déficit de cuenta corriente les dicen nada a las mayorías.

            La única cifra que realmente hace entender una crisis es el desempleo. Esto se debe a que en la sociedad contemporánea la pérdida de un empleo es más que un tropiezo económico: se convierte en un golpe a la integridad personal y familiar del trabajador.

            La crisis que estamos empezando a vivir traerá un mayor desempleo a nuestro país. Todavía en noviembre del 2008, la última cifra oficial disponible en el momento en que escribo este artículo, había una ganancia de 298 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS sobre el nivel de diciembre de 2007. Pero en diciembre del 2008 se perdieron muchos empleos y la tendencia ha continuado en el 2009. Es imposible saber cuántos se destruirán en todo el 2009, pero no hay duda de que será un número muy importante.

            Las pérdidas no se limitan a nuestro país. Tan solo de enero a noviembre de 2008 desaparecieron dos millones de empleos en Estados Unidos. España, a pesar de tener sólo un 15 por ciento de la población estadounidense, perdió un millón de trabajos en el mismo período. El fantasma del desempleo se extiende por buena parte del mundo.

            Para la gente que pierde su trabajo, las posibilidades de obtener uno nuevo en este 2009 son reducidas. La caída dramática de las ventas al consumidor está haciendo que muchas empresas estén reduciendo sus plantillas laborales. Una oferta de empleo en estos momentos es tan rara como un político honesto.

            Lo peor de todo es que las propias leyes hacen difícil la generación de nuevos empleos. Durante décadas los gobiernos del mundo han establecido leyes que buscan proteger y dar ventajas a quienes ya tienen trabajo, pero que castigan a quienes están fuera de la fuerza laboral. Con leyes y reglamentos han generado enormes costos para las empresas que buscan reducir sus plantillas laborales, pero han hecho muy costoso crear cualquier nuevo puesto de trabajo. Las estadísticas comparativas internacionales son muy claras. Entre más difícil y gravoso es despedir a una persona en un país, mayor es su índice de desempleo.

            En México es relativamente caro destituir a un trabajador. Los tres meses de indemnización, más 12 días por cada año de antigüedad, pueden sumarse hasta crear un costo alto en comparación con el nivel de los salarios. En Estados Unidos, en contraste, las indemnizaciones suelen ser muy pequeñas: usualmente de unas cuantas semanas de sueldo. Sin embargo, en nuestro país los niveles salariales son tan bajos, en parte como consecuencia de nuestra propia legislación laboral, que aunque el despido sea caro en comparación con el ingreso del trabajador, no lo es en dinero constante y sonante.

            La situación en México se ve complicada por el hecho de que millones de burócratas y trabajadores sindicalizados del gobierno y sus empresas y entidades tienen una protección laboral absoluta: hagan lo que hagan, no pueden ser despedidos. Los maestros de Oaxaca, por ejemplo, pueden dejar de trabajar de dos a seis meses todos los años, como lo hacen desde hace casi cuatro décadas, pero el gobierno no puede reemplazarlos. El costo de esta protección, que pagan los contribuyentes, se convierte en un lastre para la competitividad de la economía y provoca que se pierdan o se dejen de crear miles de empleos productivos.

            En este 2009 no sólo no generaremos el millón de empleos que necesitamos en México para dar trabajo a los jóvenes que están entrando al mercado laboral, sino que perderemos quizá 100 mil que ya teníamos. Ojalá que nuestros políticos y líderes sindicales se apiadaran de los desempleados e hicieran más flexible nuestra legislación laboral. Pero si hay algo que no les interesa es la situación de los desempleados.