Sergio Sarmiento

Jaque Mate
24 Feb. 10

"Castigo. Justicia que los culpables aplican a quienes son detenidos".
Elbert Hubbard
 
 
La guerra contra las drogas tiene dos tipos de víctimas. Por una parte están las personas inocentes que mueren en ejecuciones o en errores de los operativos policiales. Pero están también los inocentes detenidos por las autoridades en el ánimo de justificar su desempeño.

Un caso notable es el de las indígenas ñañús (otomíes) Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Estas dos mujeres del pueblo de Santiago Mezquititlán, Querétaro, fueron detenidas en 2006, junto con la también indígena Jacinta Francisco Marcial, acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales.

La idea de que tres diminutas indígenas hubiesen podido secuestrar a seis fornidos agentes de la AFI fue siempre poco creíble. La debilidad de la acusación llevó a la PGR a desistirse del caso en contra de Jacinta Francisco, quien salió en libertad en septiembre del 2009. Virtualmente las mismas endebles pruebas, sin embargo, llevaron este pasado 19 de febrero a un juez a ratificar sentencias de 21 años en contra de Alberta y Teresa.

El operativo que llevó a la detención de estas tres indígenas se llevó a cabo el 26 de marzo de 2006. Una supuesta llamada anónima denunció que una persona "pecosa, de pelo corto, güera, de complexión regular y procedente del estado de México" vendía drogas en el tianguis de Santiago Mezquititlán. Ninguna de las indígenas detenidas, por supuesto, coincidía con esta descripción. El operativo de la AFI llevó a una disputa con los tianguistas. Tiempo después las tres indígenas fueron detenidas y acusadas de secuestro. A Alberta se le añadió el cago de posesión de 400 gramos de cocaína.

En abril de 2009 las acusaciones fueron desechadas en apelación por el magistrado del tribunal unitario del 22 circuito. Al considerar el caso nuevamente el juez de primera instancia, Jacinta Francisco quedó en libertad y la PGR se desistió de apelar el caso. Se mantuvo, sin embargo, la acusación en contra de las otras dos.

Alberta, que es la mujer acusada de posesión de cocaína, trabajaba con un salario de hambre en una planta de maquila de pantalones. La droga que los agentes la acusan de poseer habría representado muchos meses de su magro salario. La autoridad nunca presentó la droga porque, supuestamente, "se consumió" en las pruebas periciales.

Las únicas pruebas reales en contra de Alberta y Teresa son las declaraciones de los agentes. Pero el juez decidió desestimar las declaraciones de testigos que señalaban que las mujeres nunca habían secuestrado a los AFIs.

Las autoridades aparentemente desistieron de la persecución de Jacinta porque su causa se había vuelto célebre y le hacía un daño enorme a la imagen de México. En los casos menos publicitados de Alberta y Teresa, que parecen ser igualmente injustos, la PGR ha mantenido la persecución. Estas indígenas ñañús no tendrían más opción que permanecer 21 años en la cárcel (contra 11 meses de José Luis Romo Trujano por matar al policía Luis Fernando Corona que quiso detenerlo por evadir el alcoholímetro) si no fuera porque los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro han tomado el caso.  Los costos en violencia de la guerra contra las drogas son muy conocidos. Mucho menos lo es el precio que pagan muchos inocentes injustamente encarcelados, como Alberta y Teresa, dos indígenas privadas de su libertad desde 2006 porque supuestamente una llamada anónima denunció a una "güera pecosa" por vender droga en el tianguis de Santiago Mezquititlán en Querétaro.

 
 
El rescate
 
 
El doctor Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, logró rescatar a tres policías federales a punto de ser linchados por llevarse a dos jóvenes sin orden de aprehensión del pueblo de San Pedro Atocpan en Milpa Alta. Decenas de policías capitalinos salieron lesionados, incluso con fracturas, pero el doctor Mondragón logró hacer un meritorio rescate sin pérdida de vidas.