Sergio Sarmiento
Jaque Mate
15 abr. 07
Napoleón Gómez Urrutia ha acumulado victorias importantes en estos últimos días en su esfuerzo por recuperar el control del sindicato minero y metalúrgico. En primer lugar los peritos de la PGR determinaron que las firmas en los documentos que se usaron para destituirlo como dirigente sindical eran falsas. Más tarde un tribunal colegiado le otorgó un amparo definitivo ante la toma de nota que la Secretaría del trabajo, durante el sexenio de Vicente Fox, le otorgó al disidente Elías Morales como líder del sindicato. Esto quiere decir que la Secretaría del Trabajo está obligada a reconocer una vez más a Napoleón como secretario general del sindicato minero.
Pero independientemente de cuál sea el destino de este proceso legal, Gómez Urrutia ha venido preparando una convención extraordinaria del sindicato la cual comenzará este próximo 17 de abril. El simple hecho de que Elías Morales y su gente hayan hecho todo lo posible por impedir la convención sugiere que piensan que Napoleón será ratificado nuevamente como secretario general. Si la Secretaría del Trabajo no encuentra irregularidades en el proceso, estará obligada a darle la toma de nota nuevamente a Gómez Urrutia.
Es verdad que Napoleón sigue enfrentando denuncias penales por el manejo de 55 millones de dólares en un fideicomiso de los trabajadores de Cananea. Pero todo parece indicar que estará recuperando el control del sindicato con todo el dinero y poder que esto implica.
Parece estarse cerrando el capítulo en que Gómez Urrutia y Elías Morales lucharon por el control del sindicato minero. Pero se está abriendo sin duda una nueva batalla, que tiene que ver con las reglas con las que hemos permitido que los sindicatos operen en nuestro país. Los sindicatos tienen en México verdaderos monopolios legales, ya que la ley les da en muchos casos la facultad de decidir quién puede y quien no puede ser contratado para determinados empleos. Esta llamada cláusula de exclusión explica por qué los sindicatos se han convertido en fuente de poder y de riqueza que muchas veces se traduce en actos de corrupción. Si los sindicatos controlan los mejores empleos, los líderes sindicales, si son corruptos, como muchos lo son, pueden venderlos al mejor postor.
Lo ideal sería eliminar ese monopolio. Pero si no podemos, por el poder que tienen ya los sindicatos, por los menos debemos exigir que sus elecciones sean democráticas, con sufragio efectivo y secreto, y que se establezcan límites a la reelección de dirigentes. También es importante que su uso del dinero de los trabajadores sea objeto de escrutinio público. Sólo así podremos tener sindicatos que garanticen el bienestar de los trabajadores y no el enriquecimiento de los líderes sindicales.
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