Sergio Sarmiento

Jaque Mate

20 may. 07

            A partir de esta semana, y una vez conocidos los puntos de vista de grupos a favor y en contra de la ley, la Suprema Corte de Justicia discutirá y juzgará la Ley de Radio y Televisión y la Ley de Telecomunicación que fueron promulgadas el año pasado por el Congreso de la Unión. La responsabilidad de los ministros debe ser simplemente la de juzgar la constitucionalidad de la ley, pero en los actuales tiempos algunos ministros quieren convertirse en legisladores y hacer su propia ley.

            El ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien ha redactado el proyecto que será discutido por el pleno, ha rechazado muchas de las quejas presentadas por el grupo de ex senadores encabezados por Javier Corral y Manuel Bartlett que presentaron la controversia constitucional. Pero ha propuesto que se declaren inconstitucionales varios artículos de la nueva legislación. Y al leer sus argumentos, hay razones para estar preocupados.

            Las nuevas leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión no son perfectas, ciertamente, pero representan un avance muy importante sobre las anteriores. Sería un golpe muy fuerte para nuestro país que los ministros las echaran para atrás.

            El ministro Aguirre Anguiano sostiene que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a la cual la nueva ley le dio cierta autonomía, debe quedar supeditada nuevamente a la Presidencia de la República, lo cual me parece un grave error. No son tiempos, empero, de aumentar las facultades de la Presidencia de la República, sino de crear un régimen democrático y de instituciones, como lo señaló el propio ministro Sergio Valls en su proyecto sobre el caso de la designación del director de Notimex. Estoy a favor de una Cofetel independiente del gobierno… y también de los regulados.

            También sostiene el ministro que es inconstitucional que las concesiones se otorguen por un plazo definido de 20 años. Él argumenta que esto debilitaría “la rectoría económica del Estado”. Pero si se rechaza dar a la industria concesiones en plazos definidos y con reglas claras, regresaríamos a los tiempos de incertidumbre en que cada concesión se otorgaba por un tiempo discrecional y la amenaza de la cancelación de la concesión se convertía en una forma constante de presión.

            Según Aguirre Anguiano es ilegal también la asignación de frecuencias a través de subasta pública. Aparentemente el ministro considera que este sistema, que es el más transparente y el que se usa en la mayoría de los países democráticos del mundo, es contrario de alguna manera a la Constitución. Lo mexicano, al parecer, es que el presidente les regale las concesiones a sus amigos.

            Tampoco considera constitucional el ministro la autorización a los radiodifusores de utilizar sus frecuencias para proporcionar servicios adicionales de telecomunicación, con lo cual se cierran las puertas a la innovación tecnológica que es la base de la convergencia digital que está impulsado a la industria de las telecomunicaciones en los países avanzados del mundo.

            Los ministros analizarán todas estas posiciones de su colega Aguirre Anguiano y deberán también tomar en cuenta las posiciones que han sido presentadas por expertos a favor y en contra de la ley. Ojalá se acuerden de que su función es interpretar la Constitución y no convertirse en legisladores que hagan leyes a su gusto. La verdad, sin embargo, es que si echan para atrás las nuevas leyes, estarán dando un golpe muy fuerte a la libertad de expresión y a la modernización tecnológica de nuestro país.