Sergio Sarmiento

Jaque Mate

25 Nov. 2007

            La clase política de nuestro país sigue empeñada en atacar las libertades individuales en un afán por controlar cada detalle de los procesos electorales.

            Las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial del 13 de noviembre, y que entraron en vigor un día después, fueron un primer golpe. Con estas enmiendas se confiscaron, sin indemnización, tiempos a las emisoras de radio y televisión de nuestro país, pero además se prohibió a las personas físicas o a las instituciones independientes contratar tiempos de medios para presentar sus ideas o cuestionar las propuestas de los políticos.

            Con el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que todavía no se aprueba, los políticos le están pidiendo al Instituto Federal Electoral que les dé “lineamientos” a las emisoras de radio y televisión para la cobertura de las campañas electorales en sus noticiarios. Establece también castigos a los medios por violación a la ley, que pueden ir hasta la suspensión de las transmisiones, sin ofrecer derecho de audiencia o juicio previo. El Cofipe establece también limitaciones a la colocación de anuncios políticos en medios escritos y en internet.

            La reforma electoral ha servido fundamentalmente para que la clase política mexicana se cobre unos supuestos agravios de los consejeros del IFE, los cuales están siendo destituidos de manera gradual por el pecado de haber cumplido con su deber en el proceso electoral del 2006, y de los medios de comunicación. A éstos les achacan una prepotencia de la que quizá algunos comunicadores no estén exentos; pero el mensaje de los políticos es que ellos, y sólo ellos, pueden ser prepotentes en nuestro país.

            El sistema que los políticos están creando difícilmente cumplirá con las necesidades de un país que ha probado ya el sabor de la democracia y las libertades individuales. Los partidos han confiscado una enormidad de tiempo a los medios electrónicos, hasta 48 minutos por día en segmentos de hasta tres minutos por hora; pero estos tiempos serán insuficientes para lograr que los políticos, especialmente los menos conocidos, convenzan a la población de sus virtudes.

            Las reglas que se han establecido impiden la contratación de tiempos en los medios más prolongados que tres minutos por hora para tratar temas de fondo. Hacen imposible, también, la realización de debates. El Cofipe ha vuelto obligatorios por lo menos dos debates en las campañas electorales; pero como los tiempos confiscados a las emisoras privadas no permiten su transmisión, éstos tendrán que ser presentados por las televisoras públicas, las cuales tienen un público muy reducido. Las autoridades electorales tendrán que pedir a las emisoras privadas que retransmitan estos debates, sólo que con el actual conflicto entre la clase política y los medios no queda claro que éstos vayan a acceder.

            Después de años de liberalización que culminaron en la reforma electoral de 1996, la clase política está tratando de regresar a un modelo más autoritario. Lo más probable, sin embargo, es que cuando lleguen los nuevos procesos electorales, los propios políticos se darán cuenta de que han creado un sistema que producirá conflictos y corrupción. Mucho dinero pasará por debajo del agua para que los políticos compren las coberturas que la ley les prohíbe adquirir.