Sergio Sarmiento

Jaque Mate

16 Dic. 2007

            Apenas el 13 de noviembre se publicaron las enmiendas constitucionales que conforman la base de la reforma electoral. Pero un mes después ya los líderes de las bancadas en la Cámara de Diputados habían decidido violar esa nueva Constitución.

            El nuevo texto constitucional, efectivamente, establecía que 30 días después de haberse aprobado la reforma constitucional había que nombrar a tres consejeros del IFE, determinar cuáles serían destituidos además del consejero presidente Luis Carlos Ugalde y nombrar a un nuevo presidente de la institución.

            El 13 de diciembre llegó, sin embargo, y los líderes de las bancadas decidieron dejar la decisión para una mejor ocasión. Ya habrá tiempo para considerar el tema en febrero –dijeron-- cuando se iniciará el nuevo período ordinario de sesiones del Congreso. Los diputados no iban a permitir, después de todo, que un tema como éste perturbara sus vacaciones navideñas, que tienen una duración de apenas mes y medio.

            La decisión constituye una burla por muchas razones. Lo es porque es una nueva humillación para los consejeros del IFE que están siendo despedidos y que ahora tendrán que pasar más tiempo pensando a quién le tocará la guillotina y cuándo. Es una burla para los cientos de aspirantes al nuevo consejo general del IFE que han debido atravesar un proceso de selección que muchas veces ha caído en la humillación. Es una burla para los ciudadanos a los que se les ha insistido en anuncios repetidos hasta la saciedad en los medios electrónicos de comunicación que ésta es una reforma seria.

            La verdadera razón por la que la decisión hubo de suspenderse es porque cada uno de los partidos insiste en colocar en el nuevo IFE no a quienes puedan ser árbitros más imparciales e independientes de los procesos electorales sino a quienes puedan apoyar más a los partidos. En particular, el PRD ha insistido que Genaro Góngora, el ministro de la Suprema Corte de Justicia cuyos fallos han favorecido con enorme frecuencia al PRD, ocupe no sólo el cargo de consejero sino el de presidente del IFE. El PAN, a su vez, ha apoyado a Mauricio Merino, a quien el PRI no quiere porque, a pesar de haber sido propuesto originalmente por este partido en 1996, mostró independencia cuando fue consejero del IFE y de hecho tuvo una participación crucial en la decisión de aplicarle una multa de mil millones de pesos al PRI por haber obtenido dinero de manera ilícita de Pemex a través del sindicato petrolero en la campaña del 2000.

            Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, reconoció en una conferencia de prensa el 13 de diciembre que su partido había propuesto postergar la decisión hasta febrero para que la selección de los consejeros se hiciera con cuidado y se pudiera así ayudar a reconstruir la credibilidad del IFE. Quizá los diputados no han visto las numerosas encuestas de opinión que muestran que el IFE sigue teniendo muy buena credibilidad, a pesar de las campañas negativas en su contra de los partidos que perdieron la elección del 2006, pero que son los diputados y los senadores los que tienen una nula credibilidad entre los ciudadanos.