Sergio Sarmiento

Jaque Mate

 23 Dic 2007

            Cara, muy cara le salió al presidente Calderón la reforma electoral. Si bien no hay indicaciones de que él haya impulsado la iniciativa, sí la aceptó con el propósito de conseguir el apoyo del PRI y del PRD para la reforma fiscal. Al final, sin embargo, la reforma fiscal fue realmente muy modesta, mientras que la electoral se ha convertido en monstruo que daña a la democracia, a la libertad de expresión y al propio presidente.

            La reforma electoral fue impulsada por el senador Manlio Fabio Beltrones como parte de un paquete de reformas del Estado que aparentemente pensaba lo ayudarían en su propósito de alcanzar la Presidencia de la República en el 2012. Para promover este paquete necesitaba una mayoría calificada en el Congreso por lo que se buscó un acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD.

            El PRD exigió y obtuvo como parte de esta reforma el desmembramiento del IFE. Los perredistas buscaban castigar a los consejeros electorales por sus decisiones en el proceso electoral del 2006. Los priistas querían también castigarlos por las multas que habían recibido de ellos. Sorprendentemente el PAN, cuyo voto es indispensable para obtener cualquier enmienda constitucional en el Congreso, aceptó esta propuesta a pesar de que representaba un duro golpe a la legitimidad del presidente. Los panistas nunca habrían aceptado esto si no hubieran contado con el apoyo de Calderón.

            Al final, sin embargo, el presidente y los panistas han sido los grandes perdedores en el proceso. La reforma fiscal que consiguió el gobierno es demasiado débil para servir de nada en el largo plazo. En cuatro o cinco años, o menos si el precio del petróleo empieza a descender, será necesario hacer otra reforma fiscal, ésta sí de fondo. Pero la reforma electoral, con todos sus defectos, está aquí para quedarse y a nivel constitucional, lo cual hace prácticamente imposible echarla para atrás en las actuales circunstancias políticas.

            Uno de los argumentos importantes para descabezar al IFE era la necesidad de obtener un consejo general que tuviera el apoyo de los tres partidos grandes. Esto por lo menos evitaría los cuestionamientos a los consejeros seleccionados en 2003 sin el voto del PRD. Pero el PAN se comportó con inocencia y los perredistas con astucia. Andrés Manuel López Obrador nunca cuestionó la reforma mientras ésta se discutió y se aprobó a nivel constitucional. Sólo cuando ya los consejeros fueron condenados a la destitución decidió que no le gustaba la reforma. Y ha logrado que el PRD bloquee la designación de los nuevos consejeros.

            Los perredistas han regresado a su táctica del 2003. Al exigir que el nuevo presidente del IFE sea Genaro Góngora, a quien consideran cercano a sus posiciones, han generado un callejón sin salida igual al de hace cuatro años. Saben que el PRI y el PAN no aceptarán que el PRD nombre al presidente del IFE. Apuestan así a que una vez más PRI y PAN escojan a los nuevos consejeros por sí solos y ellos mantengan una vez más la posición de que una derrota electoral de su candidato no será válida porque los consejeros no tuvieron el respaldo del PRD.

            Los perredistas mostraron la inocencia del presidente Calderón. Lograron que éste aceptara descabezar al IFE sólo para impedir que se nombrara un nuevo consejo general por consenso. Los priistas consiguieron nuevas reglas electorales que los benefician a ellos. Y el PAN y el presidente no tienen más que una reforma fiscal que a lo mucho servirá unos cuantos años.