Sergio Sarmiento

Jaque Mate

 7 ene. 07

            Nadie duda de la capacidad que mostró Francisco Gil Díaz como secretario de hacienda de México. Uno de los mayores logros del sexenio de Vicente Fox, de hecho, fue la estabilidad financiera. Ésta permitió que aumentara el poder de compra de los mexicanos, especialmente con el resurgimiento del crédito que durante décadas había estado ausente de la economía nacional. Los pagos de seis o 12 meses sin intereses, imposibles antes de la era de la estabilidad, se volvieron incentivos comerciales habituales.

La estabilidad no fue, por supuesto, un logro personal de Gil Díaz. Ha sido resultado de un esfuerzo conjunto de muchos funcionarios, tanto del gobierno como del Banco de México, y de legisladores y el cual se ha desarrollado durante décadas. Pero nadie puede soslayar la aportación del ex secretario Gil Díaz a este logro.

            Lo anterior no justifica, sin embargo, el hecho de que Gil Díaz haya aceptado un cargo en el consejo de administración de la empresa matriz del grupo HSBC. A fin de impedir los conflictos de interés, la legislación vigente en nuestro país impide que los altos funcionarios puedan ocupar, mientras no transcurra un año del término de su gestión, puestos en empresas que estaban bajo su jurisdicción.

            Yo entiendo que un cargo en un consejo de administración no es igual a un empleo como funcionario de tiempo completo. Es evidente también que la empresa HSBC Holdings Plc., que tiene su sede en Londres, no estaba sujeta directamente a la regulación de la Secretaría de Hacienda de México. Pero en el actual mundo globalizado esta argumentación ya no tiene sentido. La verdad es que el HSBC en México es una parte importante de la red de este grupo financiero y por lo tanto las decisiones de la Secretaría de Hacienda tenían y tienen una gran importancia para el consorcio.

            La regla que tenemos actualmente obliga a los ex funcionarios a no ocupar cargos en empresas en el sector que han estado regulando. Hay que esperar cuando menos un año después de dejar la responsabilidad. Sin embargo, no hay un reglamento que detalle exactamente cuáles son las condiciones en que un funcionario puede o no colaborar con una empresa o institución al terminar su gestión.

            Hay equilibrios que se deben mantener en estos casos. El gobierno debe buscar a funcionarios que conozcan realmente su campo de actividad y que no lleguen a aprender en el puesto, lo cual obliga a recurrir a quienes tienen experiencia. Por otra parte, si el funcionario es honesto, tendrá que trabajar al terminar su encargo oficial. Impedirle hacerlo en el campo en el que tiene experiencia puede ser muy injusto y puede también hacernos perder a personas de talento para cargos públicos importantes.

            Pero también debemos tener cuidado para evitar conflictos de interés. Por eso existe la ley que prohíbe específicamente que los funcionarios trabajen en empresas que han estado bajo su supervisión. Y si bien es importante que se logre una mejor definición de las reglas, todo parece indicar que, las que hay en este momento, han sido violadas por Gil Díaz.