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Sergio Sarmiento

Jaque Mate

Agosto 2010

            El asesinato del candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el pasado 28 de junio, conmocionó no sólo a ese estado sino a toda la república. El homicidio de un hombre a quien se consideraba ya virtual gobernador del estado, debido a la enorme ventaja que tenía para los comicios del 4 de julio, ha generado la impresión de que el crimen organizado puede matar a quien quiera en cualquier momento.

            Torre Cantú no era un ciudadano desprotegido. Un equipo de escoltas lo protegía de manera constante. De hecho, tres de los escoltas que lo acompañaban esa mañana del 28 de junio en que se dirigía de Ciudad Victoria al aeropuerto de la capital tamaulipeca fueron ultimados por los agresores. El candidato contaba también con una camioneta blindada, como la que en abril le salvó la vida en un atentado similar a la secretaria de seguridad pública del estado de Michoacán, Minerva Bautista; pero el vehículo lo esperaba en Matamoros, adonde volaría para llevar a cabo su siguiente presentación de campaña.

            En repetidas ocasiones el presidente Felipe Calderón y sus principales funcionarios han afirmado que la situación de violencia en el país no es tan mala. México tiene una tasa de 11 homicidios por cada 100 mil habitantes al año. Otros países del mundo, como Sudáfrica, Rusia y Colombia, registran cifras superiores. Lo mismo ocurre con algunas ciudades de los Estados Unidos. De hecho, según los datos oficiales, la tasa de homicidios en México ha venido cayendo en los últimos años.

            El problema, según varios funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Calderón y el secretario de gobernación Fernando Gómez Mont, radica en el tratamiento que los medios de comunicación le dan a la información. Esto hace que se preste una atención indebida a actos de violencia que en realidad afectan principalmente a los propios criminales ya que la gente común y corriente rara vez se ve afectada. La explicación tiene su lógica, pero cada atentado notable, como el de Torre Cantú, nos recuerda una vez más la fragilidad de los mexicanos frente a la violencia.

            Si realmente están descendiendo los índices de homicidio en México, esto no es porque estén cayendo las “ejecuciones”, esto es, los asesinatos cometidos por el crimen organizado. Según el periódico Reforma, en el primer semestre de 2010, o para ser más precisos, entre el 1ro de enero y el 25 de junio de este año, se registraron 5,478 ejecuciones en todo el país. Esto garantiza virtualmente que en 2010 se romperá el récord de 6,587 ejecuciones del 2009. La cuenta del diario empieza en 2006, el último año del gobierno de Vicente Fox, cuando se registró una cifra de 2,119 asesinatos cometidos por el crimen organizado.

            En la misma fecha en que fue asesinado el candidato priista en Tamaulipas, el 28 de junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos ofreció un controvertido y dividido fallo que al parecer tendrá consecuencias en México. Los ministros de la Corte determinaron por votación de cinco contra cuatro que las ciudades no pueden restringir el derecho otorgado por la segunda enmienda de la Constitución a portar o poseer armas. Limitaciones como las que ha establecido la ciudad de Chicago son ahora oficialmente inconstitucionales. Cualquier persona tiene el derecho de comprar en Estados Unidos tantas armas como quiera. El propio candidato Torre Cantú fue acribillado por sicarios que utilizaban armas de alto poder, en particular AK-47, AR-15 y pistolas de 9 milímetros, seguramente compradas en la Unión Americana.

            La simple disponibilidad de armas, sin embargo, no garantiza que habrá violencia. De hecho, Ciudad Juárez registró en 2009 un total de 162.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual quizá sea la mayor cifra del mundo. Al otro lado del río Bravo, en El Paso, Texas, donde la venta de armas es legal y generalizada, se registró en 2008 una tasa de 2.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

            No hay, por supuesto, soluciones fáciles a la violencia que agobia a México. Si bien el narcotráfico fue su origen, la legalización de las drogas ahora difícilmente pondría fin a la situación. Las bandas de narcotráfico se han expandido de una manera impresionante y cuentan hoy con decenas de miles de integrantes. Pero además se han diversificado como suelen hacerlo las grandes corporaciones cuando alcanzan cierto grado de madurez. Los ejércitos surgidos del narcotráfico hoy se dedican también a actividades como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso a las empresas y el homicidio por encargo. Aun suponiendo que la legalización de las drogas los despojara del producto que les hizo alcanzar sus primeros éxitos económicos, no hay ninguna razón para pensar que dejarían el crimen y se emplearían, por ejemplo, en las maquiladoras en caso de que la marihuana se pudiera comprar en cualquier tienda de abarrotes.

            Algunas soluciones que se plantean al problema de la violencia parecen simples expresiones de buenas intenciones. Varios políticos afirman, por ejemplo, que la violencia se puede abatir generando empleos o promoviendo mayores actividades deportivas entre los jóvenes. No hay ninguna razón para pensar que esos factores por sí solos puedan generar una disminución de la violencia.

            La razón por la cual una ciudad como El Paso puede ser mucho menos violenta que Juárez tiene más bien que ver con el grado de impunidad. Los miembros del crimen organizado en México están tan seguros de que no serán castigados por los delitos que cometen que pueden darse el lujo de matar a un virtual gobernador, como fue el caso de Rodolfo Torre Cantú. Los delincuentes en Estado Unidos, pese a contar con una mayor disponibilidad de armas y vivir en un ambiente en que el consumo de drogas es muchas veces superior al de México, saben que el asesinato de un importante personaje político o de un policía no sólo no quedará impune sino que seguramente provocará una fuerte cacería en su contra, por lo que al final les resultaría contraproducente.

            La impunidad, efectivamente, parece la clave en la lucha contra la violencia. Contar con policías capaces, con acceso a tecnología moderna y procesos de inteligencia adecuados, es un paso ineludible para garantizar la seguridad de los mexicanos. No parece ser un problema de leyes sino de construir cuerpos policiacos realmente eficaces, como los que nunca hemos tenido en el país.