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Simplemente no me cuadran las fechas. Si el propósito del acuerdo entre el PRI y el PAN era lograr el respaldo del PRI al alza de impuestos propuesta por el presidente Calderón, ¿qué sentido tenía firmarlo el 30 de octubre? Para esa fecha la Ley de Ingresos, ya muy diferente de la iniciativa del Presidente, había salido de la Cámara de Diputados. Ese mismo día se aprobó en el Senado. Si el PAN pretendía que la contraprestación del PRI por la firma del acuerdo fuera el apoyo a la propuesta fiscal del presidente Calderón, era ya demasiado tarde.

El "convenio de colaboración" lo firman Beatriz Paredes por el PRI y César Nava por el PAN. Los testigos de honor son Fernando Gómez Mont, el secretario de Gobernación, y Luis Enrique Miranda Nava. ¿No le suena a usted este último nombre? Se trata del secretario de Gobierno del estado de México, un hombre de la confianza del gobernador Enrique Peña Nieto.

El convenio señala en su primera cláusula que "las obligaciones y compromisos... son aplicables a sus actividades políticas y electorales en el estado de México". No hay mención de Oaxaca, a pesar de lo que dice Beatriz Paredes, ni de la iniciativa fiscal del Presidente, como lo afirma César Nava.

Si hubo acuerdos verbales adicionales, no lo sé. Pero si ya las partes habían acordado poner por escrito un acuerdo sobre el estado de México, no veo por qué no hacerlo para el caso de Oaxaca. Sin embargo, el hecho de que el mexiquense Miranda Nava, y no alguien del gobierno de Oaxaca, haya participado como testigo de honor, me ratifica que el acuerdo tenía que ver con el estado de México y no con Oaxaca.




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Una gay ley

JAQUE MATE
Una gay ley

Sergio Sarmiento
4 Feb. 10

"La Constitución no otorga derechos: los reconoce".
Jason Laumark
 
 
En una conferencia de prensa en Tokio, Japón, el presidente Felipe Calderón entró al tema de la controversia constitucional que la Procuraduría General de la República ha promovido sobre la ley que legaliza el matrimonio entre homosexuales en el Distrito Federal.

"La Constitución de la república habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer -dijo- y ahí hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero no tiene éste ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio".

"Yo, desde luego -continuó-, respeto plenamente las preferencias sexuales de las personas y a las parejas integradas por personas del mismo sexo, pero la Procuraduría presenta año tras año decenas de controversias constitucionales donde hay una duda razonable sobre la constitucionalidad de una disposición de un ámbito legislativo local".

El Presidente no citó el artículo de la Constitución que "habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer", pero yo sólo conozco uno. Es el 30, que no tiene nada que pudiera hacer suponer que nuestra Carta Magna prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El texto se refiere a quiénes pueden ser mexicanos por naturalización e incluye a "La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos...".

El artículo 30 no define el matrimonio. Su redacción no establece, por otra parte, que para ser mexicano por naturalización el varón deba estar casado con una mujer o la mujer con un hombre. Simplemente dice que por matrimonio se puede adquirir el derecho a la naturalización.

El otro artículo de la Constitución con el que se ha buscado justificar la controversia constitucional es el cuarto, el cual establece: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia".

Pero lejos de prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, la redacción del artículo cuarto parece ordenar exactamente lo contrario. El texto determina que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley sin discriminar por preferencia u orientación sexual. Además mandata a la ley la protección de la familia. Sería absurdo considerar que la mejor forma de proteger el desarrollo de la familia fuese prohibir la formación de familias a un grupo de personas sólo por ser del mismo sexo.

No hay hasta donde yo puedo ver ningún pasaje en la Constitución que impida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal formalizar el matrimonio entre homosexuales. De hecho, la controversia que ha promovido la PGR sólo puede explicarse por razones políticas. El matrimonio entre homosexuales, después de todo, no es popular porque la mayoría de la población es heterosexual y porque hay una marcada discriminación en la sociedad contra esta minoría. La PGR parece querer promover esta discriminación con el propósito de permitirle al PAN obtener ventajas políticas.

La otra posible razón de la acción de la Procuraduría sería quedar bien con la Iglesia Católica, la cual ha encabezado la lucha contra los matrimonios entre homosexuales. Resulta, sin embargo, inquietante que una institución de un Estado que presume ser laico esté actuando en representación de una organización religiosa.

Yo entiendo que el matrimonio entre homosexuales no es popular. Pero los temas que tienen que ver con derechos fundamentales no se pueden definir por mayoría de votos. Toda persona tiene derecho a hacer una vida en común con la persona que ama, y a hacerlo con los derechos y obligaciones que la ley establece.

 
 
Buitres
 
Nada más aborrecible que ver a los políticos tratando de aprovechar las muertes de los jóvenes de Ciudad Juárez. Que si la responsabilidad de la violencia es del gobierno federal panista; que si de los gobiernos estatal y municipal priistas. Las declaraciones de los legisladores sobre este tema nos muestran a un verdadero grupo de buitres.

posted @ jueves, 04 de febrero de 2010 14:09 by Sergio Sarmiento

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